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Los fiscales René Fernández y José dos Santos solicitaron al juez de feria Otazú que haga efectiva la orden de la Cámara de Apelaciones dictada el pasado 26 de diciembre en la que revocó la medida alternativa a la prisión de la que gozaba el funcionario Sánchez Vázquez, y ordenó que sea remitido a la penitenciaría.
Los agentes fiscales solicitaron al magistrado que decrete su rebeldía, ya que no se presentó al juzgado para hacer efectiva la prisión preventiva.
De igual manera, los agentes del Ministerio Público presentaron como hecho nuevo al juez Otazú constancias de que Sánchez Vázquez violó su arresto domiciliario al concurrir a trabajar diariamente a la Cámara de Senadores. Incluso hay filmaciones de su presencia en la Cámara Alta.
La Cámara de Apelaciones, Primera Sala, revocó las medidas alternativas a la prisión que la jueza penal de garantías Gricelda Caballero había otorgado el 7 de diciembre al funcionario Sánchez Vázquez, procesado por estafa y tráfico de influencias.
Para los camaristas Gustavo Ocampos, Gustavo Santander y Pedro Mayor Martínez, persiste el peligro de obstrucción porque la investigación fiscal se encuentra en una etapa incipiente.
También agregaron que el imputado Sánchez Vázquez puede influir en la declaración de sus compañeros de trabajo y podría destruir elementos de prueba, debido a que la comisión del hecho punible fue perpetrado en el Senado, lugar donde presta servicio.
Sánchez Vázquez, funcionario de la Comisión Agraria de la Cámara Alta, fue detenido el lunes 5 de diciembre tras recibir G. 40 millones como “seña de trato” de un pago de US$ 30.000 que exigió al propietario de la empresa Abialor Paraguay, Julio Alcaraz, para evitar la expropiación de un inmueble de 4.823 hectáreas. Inicialmente, la suma requerida fue de 55.000 dólares.
Sánchez había dicho al denunciante Alcaraz que los miembros de la Comisión Agraria eran quienes pedían el dinero.