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Los tres policías, que prestaban servicios en el Departamento de Armas y Municiones, con asiento en Capiatá, surgen como los principales sospechosos del robo de los 42 fusiles de guerra que fue detectado en dicha unidad en una inspección preliminar que se hizo hace poco más de un mes, aunque la cantidad real de armas desaparecidas sería aún mayor.
Los uniformados fueron demorados luego de allanamientos en sus respectivos domicilios.
La confortable residencia de la subcomisaria Morel (esposa de un comisario) fue intervenida por el fiscal Federico Delfino, en Capiatá. La vivienda del oficial Barúa fue allanada por el fiscal Hugo Volpe, también en Capiatá. En tanto que la modesta casa del suboficial González fue cateada por la fiscala Alicia Sapriza, en Ñemby. Los procedimientos fueron acompañados por investigadores de Antisecuestro y Crimen Organizado de la Policía.
El escandaloso robo de 42 fusiles de guerra trascendió el 24 de agosto pasado, luego de que las Fuerzas Armadas pidiera a la Policía Nacional conocer el paradero de las armas, que originalmente pertenecían a los militares, pero que desde hace años estaban en carácter de préstamo en poder de los policías.
La sustracción, aparentemente, fue sistemática, es decir, se venía dando desde hace varios meses.
Los fusiles de guerra, en su mayoría FAL calibre 7.62, iban siendo sacados de la habitación donde estaban depositados y, en lugar de ellos, los propios policías corruptos dejaban en el mismo estante réplicas de aire comprimido compradas de casas comerciales y locales de caza y pesca.
Hasta ahora, el más comprometido es el exjefe de Armas y Municiones, comisario principal José Benjamín Segovia Cáceres, quien firmó como “sin novedad” un inventario en el que se pudo haber pillado el alevoso robo.