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Los testigos, cuyos nombres se mantienen en reserva, se presentaron el 19 de marzo pasado ante la fiscala Cano para brindar su versión sobre el robo de documentos.
Uno de los declarantes explicó que después del negociado detectado con relación al medicamento Deferasirox, que afectó a Casa Boller, que tuvo que devolver G. 10.000 millones al IPS, las autoridades del instituto ordenaron una auditoría a otras compras.
Una de las primeras auditorías fue con respecto a la compra por la vía de la excepción del fármaco Oseltamivir. En este caso el departamento de auditoría solicitó a la Dirección Financiera copias de las documentaciones que avalan el pago por dicho medicamento, que fue adquirido en el marco de la adquisición por vía de la excepción el 2 de junio de 2009 y otra en fecha 21 de julio del mismo año y que se adjudicó a la firma La Química Farmacéutica.
“Específicamente con respecto al Oseltamivir el departamento de Auditoría Financiera emitió un encargo de trabajo para la realización de una auditoría”, apuntó el testigo ante la fiscalía.
El robo
Los antecedentes del robo indican que se registró el 17 de setiembre de 2014.
El proceso penal se abrió a raíz de la denuncia presentada por la asesora jurídica de la previsional, doctora Carolina Llanes.
El robo se descubrió cuando dos funcionarios, que investigaban irregularidades en la compra por la vía de la excepción del medicamento Oseltamivir 75 mg, se constituyeron en la Sección Rendición de Cuentas y Archivo de Contabilidad. Los mismos se percataron de que la puerta de dicha dependencia fue violentada y que tampoco se encontraban los documentos buscados.
Según las averiguaciones, se vaciaron las oficinas 44 y 47 y parcialmente la 46. Otras oficinas también fueron violentadas, pero los ladrones no se llevaron nada.
De la oficina 44 hurtaron expedientes de pago a proveedores, con todos los documentos de respaldo originales de los ejercicios 2009 y 2010; rendiciones de cuentas de gastos de fondo rotatorio de los años 2011 y 2012.
De la oficina 46, rendiciones de gastos de caja chica, con toda la documentación de respaldo de originales de los ejercicios 2006 al 2012, y rendiciones de pago al personal policial del 2006 al 2012, según la denuncia que está a cargo de la fiscala Cano.