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El 25 de octubre pasado y tras el escándalo que significó el “blanqueo” del ahora exfiscal Christian David Garelik Um, el fiscal general del Estado dispuso reasignaciones en el departamento de Itapúa.
Según trascendió debían ser tres los cambios en la Fiscalía de Encarnación, pero finalmente no se incluyó justamente a la fiscala María del Carmen Palazón, quien llamativamente se “olvidó” de apelar el fallo que consumó la impunidad de su colega. En el caso también es fiscal interino Martín Cabrera, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Hubo dos significativos cambios en Encarnación. El fiscal Luis Alberto Albertini Centurión, sobrino del ministro de la Corte Miguel Óscar Bajac, fue reasignado a la ciudad de María Auxiliadora (Itapúa) y en la Unidad que estaba a su cargo quedó la agente Angélica Arriola Funes.
En María Auxiliadora estaba el fiscal Helios Antonio Cuellar Ríos, quien pasó a la Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato en la ciudad de Coronel Bogado, en reemplazo de su colega Nilda Lorena Castelvi.
El fiscal Alfredo Báez Pedotti también fue trasladado de Encarnación a Colonias Unidas (Itapúa) en reemplazo de Angélica Arriola Funes.
En su Unidad quedó la fiscala Nilda Lorena Castelvi.
Otro cambio que se dio fue en San Pedro del Paraná, donde ha sido reasignada la fiscala Zulma Elizabeth Britos en reemplazo de su colega Lucrecio Cabrera.
De acuerdo a altas fuentes, tanto Albertini como Báez Pedotti están molestos por sus reasignaciones.
Auditoría, solo en Corte
La Fiscalía General del Estado no dispuso auditoría a los fiscales María del Carmen Palazón y Martín Cabrera.
Según trascendió, se esperará el resultado de la auditoría que ordenó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro Luis María Benítez Riera.
La causa, sin embargo, ya fue objeto de sumario en Inspectoría del Ministerio Público a pedido del fiscal Luis Piñánez, quien remitió los antecedentes cuando Palazón rectificó su acusación por cohecho pasivo, en la audiencia preliminar.
Además de esta irregularidad, Palazón y su colega Cabrera tampoco apelaron la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo que otorgó el juez penal de garantías de Encarnación, Máximo Martín Ortega. Este magistrado maniobró porque dilató enviar el expediente a la Cámara de Apelaciones y computó el plazo del sobreseimiento provisional (un año) cuando ese fallo no estaba siquiera firme.