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“El punto tiene que ser claro: la Justicia está al servicio del hombre y no al revés. El juez tiene que estar a favor del niño, tiene que defender los derechos del niño. El primer derecho del niño es tener un padre, una madre normal; el segundo el derecho a una educación, el derecho a un hogar donde esté bien. Este es el punto, partir del niño y no partir de la ley, porque la ley es un instrumento que un pueblo se da para vivir mejor, (...) es un problema de orden jurídico, la ley al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. Estos jueces tienen que entender esta cuestión, que ellos están para servir a estos niños”, expresó el padre Trento.
El motivo de tanto enojo e indignación es la dejadez de la justicia en atender el caso de Gonzalo. El bebé, que ingresó con poco más de un mes, tiene hoy seis meses, y si bien salió de alta en diciembre, la medida de urgencia de entrega del bebé a una de las familias sustitutas que son voluntarias en el hogar nunca se resolvió.
Mientras espera que algún magistrado se ocupe de su caso, el bebé es paseado en un carrito por las enfermeras, que dividen sus atenciones a los enfermos terminales de cáncer y de VIH con el pequeño.
Gonzalo es el cuarto hijo de una joven adicta. Sus hermanos están en hogares. Presa de la adicción, ella sabía que no estaba en condiciones de cuidar a su bebé.
Con 45 días de vida, Gonzalo regresó al hospital donde nació, el de Barrio Obrero. Vecinos que se apiadaron del deplorable estado de salud en el que se encontraba lo rescataron de la calle donde lo encontraron abandonado y lo llevaron al nosocomio.
Tras la intervención de la defensora de la Niñez Luz Chávez, la trabajadora social visitó a la abuela materna, que confirmó la adicción de la hija y explicó que no la puede controlar, pues de repente desaparece por días y luego regresa en lamentables condiciones y declaró que no estaba en condiciones de cuidar a su nieto.
Ante la necesidad de que el bebé tuviera atención permanente debido a problemas respiratorios y desnutrición que presentaba, se solicitó ayuda a la Fundación San Rafael, del padre Aldo Trento, y fue así que el bebé fue a parar en la Clínica de la Divina Providencia, en setiembre del año pasado.
Ínterin se recuperaba, la situación de vulnerabilidad en que se encontraba derivó en la apertura de un expediente, a cargo de la jueza María Cristina Escobar. En una audiencia, la abuela se desdijo de su declaración ante la trabajadora social y pidió la guarda de su nieto. En atención a los antecedentes del caso, la defensora pidió estudio psicológico y socioambiental de la misma, para asegurar que el chico esté en buenas condiciones.
Ante la decisión de la jueza de otorgar la guarda a la abuela antes de realizar los estudios requeridos, la defensora apeló la resolución.
El niño recibe el alta el 26 de diciembre, y como la guarda estaba apelada, se presenta una medida cautelar de urgencia, que hasta hoy no se resolvió.
“¡Es una burla! Pedimos de inmediato entrega del niño a una familia, pero necesita mucho seguimiento, acompañar, ir al juzgado, hablar con la jueza, mucha burocracia. Yo creo que uno puede quedarse hasta volverse viejo en un hogar, tanta la burocracia que hay. Si no hay una persona con cierta autoridad que intervenga, no se mueve absolutamente nada”, expresó el sacerdote.
“Recibí también el otro día de una fiscalía a un chico discapacitado de 17 años, respondo yo a lo que los jueces me piden, pero ellos no responden a lo que yo les pido. No puede un niño quedarse en mi Casita de Belén como un depósito; si ustedes van a ver, es un depósito; los niños están ahí...”, acotó. El viernes último, ante la falta de resolución, la defensora Marina Soerensen dispuso la entrega del bebé a una familia sustituta, voluntaria de la clínica.
Trento lamentó que no se priorice el bienestar del niño y cuestionó la función de la Diproe y del Centro de Adopción, por buscar “hasta la 90° generación porque tiene el derecho de sangre, no el derecho de educación”.
rferre@abc.com.py