Traban preliminar en el caso Ibáñez y “caseros”

El diputado José María Ibáñez y los demás procesados en el caso del fraude conocido como el de los “caseros” lograron suspender por quinta vez la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva o no a juicio oral. Aún no se puede fijar una nueva fecha para realizar la diligencia.

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En esta ocasión la procesada exjefa de gabinete de Ibáñez, María Liz Gutiérrez, trabó la audiencia porque un día antes de la preliminar fijada para la víspera planteó una apelación general contra la providencia del juez Miguel Tadeo Fernández por la cual convocó a la mencionada diligencia.

Gutiérrez se “agravió” por la celeridad del juzgado de Fernández. Alegó que el 7 de diciembre bajó el expediente de la Sala Penal de la Corte y que ese mismo día el juez ya fijó la fecha de la preliminar.

El magistrado Fernández debe sancionar los actos dilatorios tanto a la procesada Gutiérrez como al abogado patrocinante Enrique Snead. La ley y la acordada ordenan que el juez debe imponer la sanción disciplinaria a los litigantes de mala fe o a los que hagan abuso del derecho.

El fiscal José dos Santos acudió a la preliminar.

Las preliminares trabadas

La primera suspensión de la preliminar fue el 15 de octubre de 2014. Luego, la siguiente postergación de la diligencia fue el 12 de noviembre y el 26 de diciembre del año pasado, cuando Ibáñez recusó al juez Fernández, por supuesta parcialidad.

La penúltima fecha de preliminar fue fijada para el 23 de octubre de este año, pero la misma no se realizó por la contienda de competencia entre los jueces Fernández y Rubén Riquelme. La última postergación fue la de ayer.

Antecedentes

La acusación de la Fiscalía es por estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso y cobro indebido de honorarios.

Los “caseros” de la casa de campo del diputado Ibáñez, Favio Ernán Gómez Chamorro, Éver Isaac Falcón Valenzuela y Viviana Patricia Falcón Valenzuela. fueron procesados porque cobraban dinero del Estado como supuestos funcionarios de la Cámara de Diputados sin que estos hayan prestado servicio como funcionarios del Gobierno. La Fiscalía sostiene que los cuidadores tenían un salario de G. 2.500.000 cada uno, pero Ibáñez y su esposa Lorena Plabst solo les entregaban G. 1.200.000 a los varones y G. 500.000 a la mujer.

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