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La desobediencia a una orden judicial fue incorporada a nuestro Código Penal en el 2012 y establece una pena de hasta 5 años de cárcel “si el autor cometiere el desacato mediando apercibimiento escrito y previo de la autoridad judicial, o fuere un funcionario público, empleado o contratado por el Estado”, que es el caso de Justo Cárdenas.
Esto es así porque la fiscala Sonia Mora corroboró que el titular del Indert incumplió una resolución de la jueza penal de garantías N° 6, Rosarito Montanía en un juicio de amparo que salió favorable a Vicente Gómez de la Fuente, pese a la disposición de que tenía 20 días para hacer efectiva la orden de la magistrada.
En este caso en particular, la jueza Rosarito Montanía reconoció que remitió los antecedentes de Cárdenas al Ministerio Público.
La agente indica en su imputación que en este amparo, Montanía otorgó a Cárdenas un plazo de 20 días para remitir los datos un inmueble de 1.200 hectáreas ubicado en el departamento del Alto Paraná, que fueron solicitados por su presunto dueño y amparista, Vicente Gómez de la Fuente.
El 6 de abril de este año, la citada magistrada ordenó al Indert que de trámite a las gestiones para titular el inmueble, que Vicente Gómez de la Fuente reclamaba que estaba a su nombre.
Sin embargo, pese al plazo dado por el juzgado, Cárdenas no cumplió con la medida judicial.
El titular del Indert tuvo otros casos similares en el mismo juzgado de Montanía. En uno que estaba a cargo de la fiscala Sussy Riquelme nunca hubo imputación.
Comparece el viernes
La fiscala Sonia Mora citó a Justo Cárdenas para su audiencia de declaración indagatoria para este viernes 1 de diciembre, a las 8:00, donde debe dar su descargo.
Un protegido de la justicia
Justo Cárdenas, titular del Indert, no solo es un protegido del gobierno de Horacio Cartes sino de la justicia, ya que pese a estar salpicado por numerosas irregularidades en la titularidad de tierras y lesión de confianza, también es el supuesto responsable del negociado de pozos artesianos y de la repartija de más de US$ 20 millones entre las ONG, que terminaron en manos de políticos y amigos del Gobierno.
Asimismo, es objeto de una investigación en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público por su presunto enriquecimiento ilícito. Cárdenas, de llevar una vida modesta pasó a ostentar millonarios activos con empresas ganaderas, estancias y un departamento de US$ 300.000.