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La recusación presentada el miércoles último por el comisario Merardo Palacios –uno de los tres acusados– contra el juez Julián López, derivó en una cadena de inhibiciones.
En el mismo día, la causa fue derivada al juez Alcides Corbeta, quien se apartó del caso, en atención a que ya en el año 2003 se había inhibido por amistad con Palacios.
Ayer, previo sorteo, el expediente fue derivado a la jueza María Gricelda Caballero, quien antes del mediodía también informó su decisión de apartarse del caso. La magistrada alegó amistad con el exministro Bower.
Así las cosas, en la fecha se espera la realización de un nuevo sorteo para designar un juez que pueda llevar adelante la audiencia preliminar, suspendida nada menos que en trece ocasiones. También existe la posibilidad de que el magistrado que resulte sorteado impugne la inhibición del juez López, con lo cual la causa sería elevada al Tribunal de Apelación, para el análisis correspondiente.
El Código Procesal Penal, en su artículo 352, establece que una vez presentada la acusación u otro requerimiento conclusivo, el juzgado debe convocar a las partes para la audiencia preliminar, que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20 días.
En esta causa, la acusación correspondiente fue presentada el 11 de junio de 2001 contra los uniformados Palacios, Basilio Pavón (fallecido) y Osvaldo Vera y el 8 de agosto del mismo año, la fiscalía acusó a Bower.
La primera convocatoria para la audiencia preliminar fue el 28 de noviembre de 2001. A la fecha, a más de 12 años de la presentación de la acusación, la diligencia sigue pendiente de realización.
Este proceso tiene su origen en los apremios sufridos por uniformados en servicio activo detenidos bajo sospecha de haberse sublevado contra el gobierno de Luis González Macchi, entre el 18 y 19 de mayo de 2000. Resultaron víctimas los comisarios Alfredo Cáceres y Jorge López López.
La Dirección de Auditoría de Gestión realizó un estudio y recomendó la aplicación de sanciones a los abogados defensores que dilataron la causa con la presentación de chicanas, recomendación que es objeto de estudio por parte del Consejo de Superintendencia de la Corte.