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Esa situación generó malestar en los investigadores, ya que existen pruebas contra los procesados, dijeron. El cada vez más cuestionado juez Martínez dispuso el viernes último la revocatoria de la prisión de Sindulfo Franco y ordenó arresto domiciliario para Juan López, en la misma ocasión había determinado mantener la prisión del concejal municipal Alfredo Sosa (ANR).
Sin embargo, cinco días después cambió de decisión, sin producirse nuevos elementos y pese a la oposición del Ministerio Público, que comunicó expresamente que cuenta con varios elementos que involucran a Sosa con el crimen. Martínez ordenó el arresto domiciliario de esa persona, desde donde seguirá su proceso judicial.
Con esa resolución, los tres procesados por el homicidio del intendente de Tacuatí abandonaron la prisión preventiva que cumplían en la penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandyyú.
El magistrado había revocado la prisión de Sindulfo Franco debido a que la defensa presentó pruebas que le desvinculan del crimen, sin oposición de la fiscalía en ese caso.
En tanto, sobre la prisión domiciliaria de López la fiscala Fani Aguilera se opuso. El magistrado tampoco consideró la oposición, y ayer llamativamente también tomó la decisión de ordenar el arresto domiciliario de Sosa, con lo que los tres procesados dejan la cárcel.
Apelará decisión
La fiscala Aguilera se mostró sorprendida por la decisión del juez y anticipó que apelará. Además, el Ministerio Público fue notificado ayer de que el magistrado mantenía la prisión en el caso del concejal municipal Sosa.
No obstante y sin que se produzca alguna variación en el caso procesal, el juez Martínez ordenó el arresto domiciliario del citado detenido y la fiscala Aguilera aseguró que cuentan con varios elementos en contra de Alfredo Sosa.
Según otra fuente, las fuertes presiones de políticos de un sector de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y varios incentivos han motivado las decisiones del magistrado de otorgar medidas alternativas a la prisión a los tres detenidos por el homicidio de Carrillo, pese a la oposición de la Fiscalía.
Los pobladores de Tacuatí, ciudad ubicada al norte del departamento de San Pedro, afirmaron que temen que se produzcan más pérdidas de vidas tras la liberación de todos los procesados.