Cargando...
Aparentemente, una de las empresas que perdió la licitación denunció irregularidades en el proceso. La cúpula policial asegura que solamente favorecieron a la firma que ofreció mayores ventajas.
El director Administrativo de la Policía, comisario general inspector Darío Cantero, explicó ayer que inmediatamente después del asesinato del suboficial 2º Cirilo Díaz Escobar (29), ocurrido el 21 de abril pasado tras dos ataques consecutivos del EPP en Kurusu de Hierro y Paso Tuyá, pidieron al presidente Federico Franco que autorizara la compra de vehículos blindados para las fuerzas especiales movilizadas en la zona Norte, considerando que el citado agente falleció justamente en un atentado con bombas contra una patrullera.
Con la autorización del Jefe de Estado, a través de un decreto, la Policía hizo un llamado a licitación por la vía de la excepción, para reducir los plazos y trámites burocráticos, e invitó a tres empresas a participar del proceso: Armor del Paraguay SA, VIP Security SA y Hard & Soft SA, según Cantero.
En total, la Policía iba a disponer de un rubro de G. 2.000 millones, pero que estaba pendiente que liberara el Ministerio de Hacienda.
El alto jefe policial señaló que Armor del Paraguay SA, asociada con otra empresa denominada Stop Paraguay Security, presentaron el 8 de mayo pasado un presupuesto de un camión táctico blindado de la marca Ford Cargo 1717, completamente equipado, por un precio de 306.500 dólares, aunque también había otra opción con equipamiento estándar por 245.000 dólares. El paquete incluía un plazo de entrega de 90 días y una garantía de dos años.
Por su parte, la firma VIP Security SA presentó un presupuesto de 172.000 dólares para un blindado casi con las mismas características, pero de la marca Mercedes Benz LO 812, a ser entregado en 60 días y con garantía de tres años, siempre según la explicación de los miembros de la cúpula policial.
Cuatro camionetas
A raíz de la gran diferencia en el precio y como se iba disponer aún de un dinero sobrante, se decidió la contratación de la empresa VIP Security SA, que por los G. 2.000 millones iba a ser capaz de entregar incluso dos camiones blindados y blindar otras cuatro camionetas Isuzu D’Max que debía entregar la Policía, conforme al alegato del comisario general Cantero. Sin embargo, a partir de la denuncia presuntamente efectuada por la firma que no fue favorecida en la licitación, ante la DNCP, esta decidió anular de momento la licitación, aunque la Policía insistirá con el pedido de adquisición de los vehículos blindados para evitar que más agentes sigan exponiéndose a los ataques de los secuestradores, concluyó el director Administrativo de la Policía.