Cargando...
La orden de entrega número 26 del 9 de mayo de 2012, firmada por el teniente coronel Óscar Villagra Rodríguez, jefe de Registro Nacional de Armas, autoriza la entrega de 17.000 municiones calibre 308 win; 18.000 balas calibre 338 Lapua Magnum; 16.000 municiones calibre 50 BMG y 500 unidades de granada de práctica, calibre 40 mm. La empresa Comtecpar llevaría todo el material bélico a su depósito para su posterior entrega al Ejército, que es el destinatario final.
La orden de entrega firmada por el militar tendría un contenido falso, atendiendo que el 3 de diciembre del año pasado el titular de Dimabel, Campos Krauer, informó a la Fiscalía que Comtecpar, en una declaración jurada, apuntó que realizará importaciones para proveer al Estado paraguayo y que los materiales serán trasladados desde el depósito de la Dirección de Material Bélico hasta el depósito del usuario final, que en este caso era el Ejército.
En este caso específico, ya se evidenció una irregularidad anterior a la orden de entrega. Según los documentos a los cuales tuvo acceso nuestro diario, Comtecpar fue adjudicada por la vía de la excepción para proveer al Ejército municiones y armas por G. 1.400 millones en noviembre de 2011.
La empresa tenía que importar de los Estados Unidos 15.797 municiones 762 51 mm alto desempeño Macht; 16.999 de calibre 338. Lapua Magnum alto desempeño Macht; 15.000 de calibre .50 BMG alto desempeño Macht y 381 granadas 40 mm. Las municiones y granadas totalizaban 47.796.
Sin embargo, Dimabel, con la firma del titular de la unidad, Gral. Campos Krauer, autorizó en diciembre de 2011 la importación de 51.000 municiones y granadas. Es decir, 3.204 unidades más de lo adjudicado a Comtecpar, a lo que ahora se suma una orden de entrega de la totalidad del material bélico a la empresa proveedora, sin que esta cuente con un depósito para la mercadería.
El caso de la Corte
La Corte había adjudicado en el 2010 a la empresa Comtecpar, por G. 660.350.000, la licitación para la provisión de armas y municiones de guerra a fin de reforzar la seguridad de los integrantes de la máxima instancia judicial.
Entre otras, el alto tribunal de la República compró 250 municiones calibre 5.56 x 45 mm a G. 6.900 cada una, que totalizó la suma de G. 17.250.000.
Para la importación de Estados Unidos de las armas y municiones de guerra, la firma adjudicada consiguió la autorización de Dimabel. Una vez obtenido ese visto bueno, realizó las compras y se hicieron los despachos de importación.
Luego las mercaderías fueron introducidas al país para ser entregadas, en este caso específico, a la Corte Suprema.
No podían estar en ningún otro lugar, ni mucho menos ser comercializadas en forma particular.
Sin embargo, sugestivamente, varias cajas de las municiones 5.56 se estaban vendiendo sin problema en algunas casas que se dedican a la venta de armas. Esta situación fue denunciada el año pasado al entonces presidente de la Corte, Víctor Núñez.
El escrito fue presentado por Rubén Orlando González Peralta, socio de Comtecpar SA junto con Carlos Federico León Ocampos.
González Peralta, quien mantiene una disputa judicial con su socio comercial León Ocampos, apuntó que pudo comprar de un comercio capitalino las municiones que fueron importadas a nombre del máximo tribunal de la República.
Por otro lado, también se importaron de más 5 fusiles de asalto, que fueron vendidas a la SENAD, a un precio muy superior a lo que consiguió la Corte. Esto precisamente sería una parte del negocio que redundaría en enormes beneficios económicos a una rosca que se dedica a esta actividad.