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Los agentes del Ministerio Público, para sobreseer definitivamente al dueño del establecimiento, se basaron en el contrato de arrendamiento que supuestamente Rocha firmó con Eulogio Rojas. Además, tuvieron en cuenta las declaraciones de guardias de la estancia, que manifestaron que nunca vieron a Rocha por el establecimiento. También un informe de la comisaría local, en el que consta que no vieron a Rocha por la estancia.
Lejos de profundizar la investigación para saber si Rojas tiene capacidad económica para alquilar la estancia, la fiscala Ocampos se limitó a realizar unas pocas diligencias, que en su mayoría ayudaron a Rocha.
La fiscala Eresmilda Román Paiva también se había opuesto al sobreseimiento definitivo del dueño de la estancia. Sin embargo, cuando el fiscal adjunto ratificó el pedido de Ocampos, la magistrada se vio obligada a cerrar el caso con respecto a Rocha Da Lapa. La gravedad del hecho merece una intervención del fiscal general, Javier Díaz Verón, dado que este tipo de irregularidades se daría en la mayoría de los procesos manejados en la fiscalía ambiental. (Más detalles mañana en el Semanario Judicial).