Solo el 2% se debía abonar

Según la Fiscalía, la compra de las 5.742 hectáreas de Tobatí, Atyrá y Altos realizada por el Indert de la firma San Agustín debió hacerse conforme a la Ley 622/60 (de colonización y urbanización de hecho), que toma en cuenta el valor fiscal de los últimos 15 años, y según el cual el Poder Ejecutivo debió pagar a esa empresa solo G. 1.000 millones.