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En su resolución, Marecos ordenó que la pericia financiero-contable de los documentos incautados realice como acto investigativo el Ministerio Público.
La defensa de los imputados criticó la decisión del magistrado y dijo que es al margen de la ley, atendiendo que la resolución del magistrado Méndez ya estaba firme y que no podía ser revocada por su par.
Ahora hay que atender la postura que adoptará el Ministerio Público, ya que los propios fiscales investigadores fueron los que pidieron que la diligencia se haga como anticipo jurisdiccional. Se supone que apelarán la resolución de Marecos.