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“La Dra. Giménez Cáceres miente en relación al texto del art. 9° de la Constitución Nacional, cuyo texto falso ella pretende imponer como imperativo, lo que sí ocurriría si fuera auténtico. Pero el art. 9° no dice que “todo lo que no está permitido, está prohibido” con que intenta abortar nuestro pedido de clausura del expediente administrativo 3200/08, en su momento utilizado por la mafia interna de los Elvis Bernal y Pakova Ledesma, empeñados en instrumentar al Indert para sus fines, como lo demostraron con las resoluciones administrativas N° 2450/11 y 3355/12 dictadas para autorizar la mensura de la estancia que querían invadir, por el liberal Máximo Barreto al favor de complicidad con los peticionantes de la mensura”, indica De Gásperi.
La propiedad en disputa tiene una extensión de unas 5.000 hectáreas, que abarca las compañías Tapiracuãi Loma y Añaretãngue, de Capiibary, distrito de San Pedro, de las cuales una fracción es reclamada por un grupo de familias, con la excusa de que esa área pertenece al Indert.
De Gásperi destaca que Giménez oculta que tres dictámenes técnicos del propio Indert, otro del Instituto Geográfico Militar y otro del topógrafo comisionado por la Justicia, que concluyeron que el Indert no es titular de ninguna de las fincas que componen la estancia invadida.