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La agente de Delitos Económicos dijo que no cuenta con elementos fácticos suficientes para sostener una acusación por lesión de confianza.
“Necesariamente se debe aplicar el principio ‘in dubio pro reo’, por lo cual es imposible sostener una acusación seria y responsable en base a los elementos colectados durante la presente investigación”, refiere.
El principal argumento de la investigadora es que la República Bolivariana de Venezuela no prestó asistencia jurídica internacional en materia penal.
Esto, debido a que cayó en saco roto el exhorto remitido a ese país, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía.
Esa dependencia, el 4 de junio de 2012 remitió el pedido de cooperación internacional, y pese a dos reiteraciones, la justicia venezolana solo respondió una vez que se estaba diligenciando. La coordinadora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Venezuela, Genny Rodríguez Méndez, refirió que el pedido fue asignado “a la Fiscal Décimo Séptima del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, abogada Agnedys Martínez”, pero pese a que pasaron nueve meses, no hubo contestación del exhorto.
Cabrera indicó que los documentos y declaraciones testificales de funcionarios de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) eran importantes porque solo contaba con un informe pericial que se basó exclusivamente en documentos obtenidos en el plano local proveídos por Petropar y las distintas instituciones públicas que intervinieron en el análisis del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas (ACEC).
La investigadora, entre otros puntos, alegó que no estaba cuantificado el monto del presunto perjuicio causado a Petróleos del Paraguay (Petropar). Pidió la cooperación en once puntos, entre ellos las declaraciones testificales de Asdrúbal Chávez, director Ejecutivo de Comercio y Suministro de PDVSA en 2006; Fernando Valera, director ejecutivo en 2008, y Jarvin Sandoval, funcionario de PDVSA.
Los millonarios montos
La entonces fiscala Rocío Vallejo había imputado por la suscripción de varios contratos de provisión de hidrocarburos, entre marzo de 2006 y el 30 de setiembre de 2009. Según la investigadora, Alejandro Takahasi y Armando Rodríguez firmaron al margen de la ley acuerdos con PDVSA, con lo que se causó un perjuicio de US$ 4.946.582,63, y a Cíbar Granada se le responsabilizó de haber ocasionado un perjuicio de nada menos que US$ 33 millones.
El juez Gustavo Amarilla fijó la audiencia preliminar de los tres expresidentes de Petropar para el 25 de abril, a las 10:00. El mismo resolverá si otorga el sobreseimiento definitivo o da trámite de oposición y manda el expediente a Fiscalía General.