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La agremiación nuclea a funcionarios del Poder Judicial, Ministerios Público y de la Defensa Pública, cuyos asociados están alarmados por las intimaciones recibidas de distintas casas comerciales para el pago de cuotas canceladas, según los descuentos realizados.
En la semana pasada, un grupo de 17 funcionarios de la Fiscalía presentó ante la fiscala Teresa Sosa la primera denuncia, por estafa, lesión de confianza y apropiación.
El jueves último, funcionarios del Poder Judicial se reunieron para contratar a un abogado que presentará la denuncia en representación de unas 90 personas. Justamente ese día, Credi Amigo presentó una demanda contra la Aso, por G. 133 millones.
Según los afectados, varios pagarés de cuentas canceladas en el 2015 inclusive, fueron utilizados para refinanciar otros préstamos.
Según los datos, solo una de las casas de crédito tendría unos 650 pagarés pendientes de pago mientras que una casa de electromésticos reclama una deuda de G. 700 millones. Hay versiones de que la sede social de Ñemby está hipotecada por una casa de crédito por más de G. 2 mil millones.
Para conocer la situación de la Aso, llamamos al actual presidente Fabio Martínez, pero él no atendió nuestras llamadas. El local de la Aso está cerrado, lo cual motivó la airada reacción de algunos asociados. A través de un comunicado, la Aso anunció una asamblea para mañana a las 13:00, en el salón auditorio del PJ.
Este escándalo se desata a 18 años de otro similar, que concluyó con la condena de la entonces presidenta de la Aso, María Elena Caprarulo, a 3 años de cárcel.