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A diez meses de haberse iniciado el proceso, mediante chicanas su defensa posterga la imposición de medidas y la fijación de fecha para presentación de acusación, con la excusa de que no se resuelve una acción de inconstitucionalidad contra una resolución de la Cámara que dejó sin efecto el archivamiento de la causa.
La Sala Constitucional de la Corte ni siquiera se expidió respecto a la viabilidad o no de la acción que presentó la abogada defensora Norma Girala. Sin embargo, la presentación se usa como excusa para dilatar la audiencia ante Riquelme.
En marzo pasado, el Tribunal de Apelación ratificó la continuidad del proceso al rechazar la petición de la defensa, que pretendía dejar la causa en suspenso por tiempo indefinido hasta la resolución de la acción.
La audiencia de medidas está pendiente desde diciembre del año pasado.
Este caso es llevado ahora por la fiscala Sarah Torres, luego de que un colega suyo, Gustavo Cáceres, fuera destituido por “blanquear” a Escobar en tiempo récord, cuando se allanó a un pedido de sobreseimiento definitivo, que fue rectificado por el adjunto Ricardo Merlo.
Del proceso fue apartado el fiscal José Luis Casaccia, quien el 4 de setiembre del año pasado inició la pesquisa ante evidencias de que se excede los niveles de contaminación tolerables.
Lo reemplazó Cáceres, de la unidad ambiental de Villarrica, pero fue destituido porque el 17 de setiembre dio su consentimiento para el sobreseimiento definitivo de Escobar, antes de que se pudiera realizar siquiera la audiencia de imposición de medidas.
El “archivo” se concretó el 21 de setiembre, cuando el juez Rubén Riquelme hizo lugar a la petición la defensora Girala.
Ante los cuestionamientos de nuestro diario al insólito y acelerado trámite otorgado al caso, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tomó cartas en el asunto y destituyó a Cáceres, tras concluir que, efectivamente, incurrió en mal desempeño.
Introdujo gasoíl basura
Sergio Escobar Amarilla, presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), fue imputado el 4 de setiembre del año pasado por supuesta responsabilidad en la introducción de desechos tóxicos dentro del territorio nacional. Los delitos que se le atribuyen son “procesamiento ilícito de desechos” e “ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional”.
En total, Escobar autorizó la entrada de tres barcazas a Petropar con gasoíl basura. En las cargas se registraron aproximadamente 6.210 partes por millón de azufre, superando ampliamente el máximo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el propio Petropar, que para gasoíl común es 2.500 partes por millón de azufre.