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La mencionada institución había realizado el martes 23 una intervención en la citada procesadora de cuero, perteneciente a Gustavo Pérez Codas, quien ya está imputado por homicidio culposo y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso.
Dicho procedimiento se llevó a cabo recién al día siguiente de que murieran, al caer en tanques llenos de materiales químicos, los operarios Carlos Giménez Ayala y Hugo Gómez.
El asesor jurídico de la Seam, Hugo Cañiza, explicó que la referida medida de suspensión forma parte del proceso de sumario que ya se inició tras la intervención de la curtiembre y que corresponde a una medida preventiva, no una sanción.
Los fiscalizadores constataron el incumplimiento del plan de gestión ambiental en relación con la planta de tratamiento de efluentes y el manejo inadecuado de residuos en dicha industria.
La suspensión de tareas ya fue comunicada al dueño de la fábrica, por lo que deben cesar inmediatamente todas las actividades desde hoy, informó Seam. También se comunicó al Ministerio de Industria y Comercio y se prevé informar a la Municipalidad de San Antonio.
La Municipalidad local revisó el sitio de la tragedia dos días después, pero ayer no estableció sanción alguna.
Inducuer SA no contaba con permiso de la Seam (venció en 2014), tampoco de la municipalidad (venció en junio de 2015), e igualmente seguía operando, inclusive después de la muerte de sus trabajadores.
Por su parte, el Ministerio del Trabajo intervino la empresa luego de la fatalidad, el jueves. De acuerdo con el informe de la intervención, se encontraron múltiples falencias en el recinto. Los empleados no contaban con mascarillas y algunos no tenían calzados protectores en contravención de las normas laborales en industrias.
A través de entrevistas a los empleados, los fiscalizadores pudieron enterarse de que en Inducuer se trabaja de 7:30 a 20:00, de lunes a viernes, por sueldo mínimo. Tampoco cuentan con seguro social, dijeron.