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La apelación de Rojas, planteada por el abogado Willians Dante Justiniano, refiere que el procesado en ocasión de realizarse la audiencia de imposición de medidas ya advirtió al juez que no poseía bienes inmuebles.
Ante esta circunstancia, solicita a la Cámara que revoque y deje sin efecto la orden del juez Hugo Sosa Pasmor, quien interinó a su colega Humberto Otazú, quien impuso los G. 1.000 millones como caución real.
La resolución del juez sosa Pasmor es del 7 de diciembre pasado, y dispuso una fianza personal de G. 1.500 millones para el abogado defensor Justiniano, suma que debe ser reemplazada en 30 días por los G. 1.000 millones que se le impuso a Rojas. En caso de incumplir esta medida, el exministro de la Senad debe ser remitido a la penitenciaría de Tacumbú.
En esta causa está igualmente procesado por lesión de confianza Francisco José de Vargas, quien en el 2012 asumió el cargo de ministro de la Senad. Bajo su mandato se compraron los primeros equipos de espionaje por los que se pagaron G. 9.406 millones.
Posteriormente, la administración de Rojas al frente de la Senad, en el 2015, volvió a adquirir otros equipos de escucha telefónica por los que pagó G. 1.200 millones.
Las compras se realizaron a la empresa Televox SRL, de Nicasio Galeano. Esta firma fue creada al solo efecto de realizar las transacciones con la Senad, y de la investigación del fiscal Martín Cabrera surge que Rojas y De Vargas actuaron en complicidad para comprar los equipos que nunca entraron en funcionamiento, según las declaraciones de funcionarios de la institución antidrogas.