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Ambos solicitaron la nulidad de la acusación. Al respecto Arias, defensor de Aníbal Benítez, manifestó que “el requerimiento conclusivo adolece de defectos de forma, debido a que la acusación y la solicitud de apertura a juicio oral debe ser presentada con una relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye al imputado. Esta acusación es bastante extensa pero carente de fundamento”, refirió.
El profesional también la calificó de “arbitraria” debido a que el fundamento de los precios de los productos está constituido de manera contraria a lo que establece la ley de contrataciones. El juicio continuará el próximo 21 de febrero.
La fiscal Victoria Acuña acusó a Cardozo y Benítez por ser supuestamente los responsables de realizar compras de alimentos sobrefacturados, que causaron un perjuicio de G. 2.482.950.000, entre marzo y mayo del año 2012 dicha institución. De acuerdo a la Fiscalía, no obra en la institución una evaluación de las ofertas de las empresas que fueron adjudicadas para la provisión de alimentos, siendo completamente irregular la falta de un análisis minucioso de cada una para la posterior adjudicación.