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Se trata de María Magdalena Orué Centurión, de 40 años de edad, y Silvia Mariana Fonseca de Orué, de 35 años, quienes llegaron el pasado miércoles 29 de octubre hasta el asentamiento San Miguel, en Caaguazú, donde manifestaron ser censistas del programa Tekoporã.
Aquel día hicieron un relevamiento de datos de los pobladores para, supuestamente, enviarles productos de primera necesidad, principalmente alimentos.
Al día siguiente volvieron y señalaron que los interesados en acceder a la ayuda, que supuestamente sería un préstamo, debían entregar sus cédulas de identidad y los chips de sus teléfonos celulares, para poder acceder al beneficio. Líderes del asentamiento señalaron que unas 50 personas accedieron a entregar sus documentos respectivos.
La denuncia
La primera en denunciar el hecho fue Mirtha Raquel González Herrero, quien dos días después se enteró de que con su cédula hicieron un préstamo de G. 1.300.000 en el Banco Familiar Sucursal Caaguazú. La mujer contactó con el banco y también con la empresa de telefonía de la cual es cliente, Tigo, y en ambas empresas le dijeron que debe accionar ante las autoridades, por lo cual hizo la denuncia pertinente.
Luego, varias personas más reportaron haber sido víctimas y que los montos de los préstamos hechos con sus documentos variaban entre G. 500.000 y G. 1.500.000.
Después de varios días posteriores a la denuncia, las mismas víctimas localizaron a las supuestas estafadoras y pidieron la intervención policial para la aprehensión de las mujeres, quienes se encontraban deambulando en la vía pública en la zona conocida como Finagrain, compañía de la ciudad de Caaguazú, aparentemente con intenciones de estafar a los vecinos del lugar.
Según los datos policiales, contra María Magdalena Orué Centurión existen cinco órdenes de captura por estafa contra el patrimonio, además por abuso de documentos de identidad y otros hechos similares.
La otra persona aprehendida, Silvia Mariana Fonseca de Orué, sería su socia para perpetrar el hecho punible. Ambas fueron identificadas por las víctimas y fueron remitidas a la penitenciaría regional de Coronel Oviedo por orden del Ministerio Público.