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El 14 de marzo pasado, la fiscala Nadine Portillo se constituyó en la Municipalidad de Asunción, acompañada de técnicos del Ministerio Público, para realizar una copia del disco duro de la computadora que usaba García, cuando era director jurídico de la Comuna.
La copia del disco duro fue remitida al Laboratorio Forense del Ministerio Público, para que se pueda hacer una pericia. A cuatro meses de aquella diligencia se desconoce el resultado de este trabajo clave, que permitirá saber cuando se elaboró el escrito de apelación del fallo de un Tribunal Arbitral, que condenó a la Comuna de Asunción a pagar más de US$ 3.6 millones a la empresa Ivesur.
García había sido denunciado por el caso ante la fiscalía. El entonces asesor jurídico de la municipalidad no apeló la sentencia condenatoria y dejó así el camino allanado para que se concrete el despojo a la Comuna, que deberá ser pagado por los contribuyentes.
La encargada de impulsar la investigación es la fiscala Nadine Portillo, quien al principio hizo todas las diligencias, pero que después fue bajando el ritmo de trabajo.
Es muy sospechoso, que a cuatro meses de la intervención en la Comuna, aún no se tenga o por lo menos no se de a conocer, el resultado de la pericia que quedó a cargo del Laboratorio Forense.
Confirmación
Los Tribunales de Apelación del fuero Civil, de la Primera y Quinta Salas, respectivamente, ratificaron que la Comuna no radicó ningún escrito contra la sentencia condenatoria.
Para intentar justificar que sí se apeló la sentencia, incluso se falsificaron firmas de funcionarios del Tribunal de Apelación de la Primera Sala. Cuando se peritó la firma de los 23 funcionarios del Tribunal de Apelación Civil, Primera Sala, se concluyó que la firma que aparecía en el escrito de la Comuna, para justificar la apelación del fallo arbitral, era falsa.
El funcionario de la Asesoría Jurídica, Rodolfo Duarte, supuestamente fue el asignado por García para realizar la presentación ante la justicia, que está confirmado que no se hizo.
La autoridades municipales pretenden responsabilizar de todo a un ordenanza de la asesoría jurídica y liberar a Enrique García, que es investigado por lesión de confianza por una presunta conducta omisiva al no presentar la apelación de la sentencia arbitral.
Pese a la gravedad del hecho, como ocurre en los casos en donde son indagados “peces gordos”, el Ministerio Público dilata la investigación, en vez de apurarla para aclarar el hecho.