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La jueza de ejecución Ana María Llanes es la encargada de hacer cumplir la sentencia condenatoria recaída en la causa por el desvío de G. 1.600 millones por la compra de tierras inservibles para asentamientos.
Lezcano Flores, exdirector del programa Pra-Tierra, fue el que promovió una aclaratoria en la Corte, pero se sacaron compulsas del expediente y el original se envió a la jueza para que haga cumplir las condenas.
La exministra de la SAS promovió recientemente una inconstitucionalidad contra la providencia de la jueza Llanes que ordenó su captura y remisión al penal de mujeres Casa del Buen Pastor, pero fue rechazada.
Lezcano promovió una inconstitucionalidad contra la resolución de la misma Corte que rechazó su inconstitucionalidad. El director de la SAS en esta última ocasión fue sancionado por la Corte con la prohibición por 6 meses para ejercer la profesión de abogado.