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Las audiencias indagatorias se realizaron ante las fiscales Teresa Sosa y Lorena Ledesma, en el marco de las investigaciones iniciadas tras las denuncias de los docentes María Evangelina Mendieta Araujo y Jorge Ramón González Cazal. Jara Acosta y su madre Acosta de Jara también se encuentran imputados en una tercera denuncia formulada por Malvi Paiva Salinas.
La denuncia de Mendieta Araujo señala que la estafa de la firma se perpetró cuando recibió una oferta de préstamo de dinero, más un celular marca Blue, que lo podía pagar en cuotas que le serían descontadas a través del MEC.
En ambas denuncias, las víctimas remarcaron que llenaron un formulario con el membrete de Marite, donde constaba el descuento, el cual al final de la hoja tenía un pagaré, que formaba parte del mencionado formulario de autorización del descuento.
Luego recibieron el monto de G. 500.000 y el celular fue a buscar al local donde funcionaba la empresa en Ingavi de Fernando de la Mora, pero luego nunca le fue descontada la cuota, sino que directamente sufrió un embargo de su salario, a través de un juicio ejecutivo iniciado con el pagaré, desprendido del formulario de autorización del descuento mencionado.
Según fuentes cercanas a la investigación, se sospecha que se conformó una organización criminal para estafar a los docentes. Es por eso que no se descarta la imputación de más personas. Entre los procesados ya están ujieres y otros funcionarios judiciales.
Algunos jueces de Paz también se habrían prestado a las maniobras de la asociación. Es por eso que la Fiscalía solicitó a la Corte una auditoría a los juzgados afectados.