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El pasado 15 de abril, los jueces Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Juan Pablo Mendoza habían resuelto dividir el juicio por el supuesto negociado en la compra de tierras de San Agustín.
En uno, serían juzgados Luis Ortigoza, extitular del Indert, y los peritos tasadores del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Blanco y Mario Echeverría. Y en otro, los exconsejeros del Indert Milciades Duré, actual parlasuriano, y Justo Gamarra.
Los jueces argumentaron para dividir el juzgamiento, que están pendientes dos acciones de inconstitucionalidad en la Corte, que habían presentado Duré y Gamarra en el año 2016. Los abogados Alvaro Arias y José Fernández Sacur apelaron dicha decisión, alegando que el Código Procesal Penal dispone que deben concurrir todas las partes para el juicio oral.
Los camaristas José Agustín Fernández, Viviana Benítez y Delio Vera revocaron dicha resolución de fecha 15 de abril y resolvieron que se realice un único juicio: “Este tribunal considera que la decisión de separar la audiencia de juicio oral y público, atentaría claramente -contra- los principios de inmediatez, economía, y el ejercicio de la defensa de los demás acusados que no han interpuesto las acciones de inconstitucionalidad en virtud de que la causa en cuestión versa sobre cuestiones complejas que habrían acontecido durante la compra de un inmueble, el cual se habría realizado por un valor muy superior al que realmente posee, ocasionando un perjuicio patrimonial al Indert y que conforme se desprende del acto de elevación de la causa a juicio oral, el cúmulo de pruebas a ser producidas es bastante amplio. Duplicar el juicio oral y público deviene innecesario y contradictorio a las disposiciones del Código Procesal Penal. La decepción adoptada por los juzgadores afectaría claramente el derecho a una buena defensa, transgrediendo así las normas del fuero penal y constitucional”.
A cinco años de ser acusados
En abril del 2014 el fiscal René Fernández acusó y pidió juicio oral y público para siete personas por el presunto negociado en la compra de 5.742 hectáreas en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al entonces senador Jorge Oviedo Matto. Dicha compra se dio en el año 2013, durante el gobierno de Federico Franco y se pagaron G. 48.000 millones.
Dichas tierras debían ser destinadas a la agricultura familiar campesina, pero no eran aptas para ese fin.