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El magistrado ya había aceptado la imputación contra dos funcionarios y trece alumnos de la carrera de Derecho involucrados en la compra-venta de notas en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción” (ver infografía con lista de implicados).
Delmás también fijó fecha de imposición de medidas para el 26 y 27 de junio próximos, y otorgó el plazo para presentación de requerimiento conclusivo a la fiscala Teresa Sosa, para el 11 de diciembre de este año.
Sin embargo, ayer, la abogada Graciela Beatriz Moreno, defensora de Víctor David Oviedo, el principal funcionario de la UCA involucrado en la venta de calificaciones, presentó la recusación contra el juez penal de garantías.
La profesional indica como principal motivo que Delmás fue “egresado distinguido de la misma casa de estudios” y que su imparcialidad puede verse afectada por ese motivo.
A su vez, refiere que el magistrado es auxiliar de la cátedra de Derecho Penal en la Universidad Católica, por lo que “es empleado de la Facultad y pese a eso no se apartó”.
Moreno también criticó a la fiscala Sosa, a quien objeta que nunca citó a declarar en audiencia indagatoria a los implicados, entre ellos su cliente. También, refirió que en el Ministerio Público supuestamente “no le querían aceptar su patrocinio”.
Tras una denuncia del Dr. Jorge Enrique Bogarín, en su carácter de profesor encargado de la cátedra Derecho Penal II, la fiscalía tomó intervención en el caso de escándalo de compraventa de notas.
Tras hacerse de evidencias, la agente Teresa Sosa decidió imputar en dos tandas a los presuntos involucrados, por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y adulteración de datos relevantes a la prueba. Fueron comprobados giros de dinero a los funcionarios Oviedo y Eduardo Barrios, de alumnos, a cambio de las modificaciones ilegales.