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Otazú, asimismo, tuvo que suspender la audiencia preliminar fijada para el jueves pasado debido a que hay apelaciones pendientes en el Tribunal de Alzada.
En cuanto a la prescripción, De Vargas alegó que dentro del plazo de un año no se reabrió el proceso, como establece la normativa, debido a que contaba con sobreseimiento provisional.
El fiscal Luis Piñánez pidió el rechazo de la extinción porque consideró que el artículo 362 de Código Procesal Penal establece quién puede pedir la reapertura y en este caso, el Ministerio Público lo hizo en plazo legal y, a consecuencia de ello, el órgano judicial dispuso la reapertura de la causa.
El juez, por su parte, argumentó que fue revocado un proveído de fecha 28 de diciembre y el 2 de enero pasado, se ordenó la reapertura de la causa por lo que no existe falta de acto procesal y el incidente deviene “notoriamente improcedente”.
De Vargas y el también exministro de la Senad Luis Rojas, junto a otras personas, fueron acusadas por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. El primero pagó G. 9.406.120.000, en el 2012, y Rojas G. 1.250.000.000 en 2015, por equipos de espionaje a la firma “Televox SRL”, creada solamente para perpetrar las transacciones.