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El 27 de febrero de 2015, a pedido del Ministerio Público, el juez Otazú había concedido el sobreseimiento provisional a Núñez Salinas, porque el fiscal Cabrera debía realizar varios actos investigativos, entre ellos, una pericia caligráfica de las firmas del legislador consignadas en el despacho de importación y en la declaración de valor aduanero.
Finalmente, las pericias concluyeron que las firmas pertenecen de puño y letra a Núñez Salinas.
Siendo así, el fiscal Cabrera solicitó la reapertura de la causa y podría pedir que el parlamentario enfrente juicio oral y público.
Posteriormente a la entrega del requerimiento conclusivo del agente del Ministerio Público, el juez Otazú debe fijar fecha de audiencia preliminar. En este caso ya fue acusado por contrabando el vista de Aduanas Rafael Martínez, y debe definirse la situación del despachante de aduana Sergio Chaparro Acuña.
Aduanas ya determinó que Núñez Salinas cometió “defraudación” y la empresa que le pertenece, Intercom Ingeniería, tuvo que pagar G. 458 millones de la diferencia de impuestos. A dicha cifra se sumaron otros G. 458 millones, que corresponden al 100% de la multa.
El proceso penal se inició tras la denuncia que realizó la entonces directora de Aduanas, Rocío Vallejo, el 11 de marzo de 2013. Según esta denuncia, a través de Intercom Ingeniería ingresaron de contrabando decodificadores por valor total de US$ 1.026.028, que se hicieron pasar por ruteadores ante las autoridades inspectoras.