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“Durante mi administración, el único pago que se hizo fue el correspondiente al anticipo previsto en la ley y contra la entrega de pólizas de fiel cumplimiento del contrato y de garantía del anticipo. El segundo pago se hizo durante la administración del ministro Federico Acuña y el tercero, con la consecuente cancelación del contrato, con la administración del ministro Carlos Filizzola”, declaró el excandidato a vicepresidente de la República, asistido por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos.
Filizzola, quien estuvo como ministro entre el 16 de agosto de 2008 y el 17 de junio de 2011, durante el gobierno de Fernando Lugo, hizo una amplia exposición del proceso de licitación y adjudicación a la firma Proibérica.
Al tiempo de señalar la necesidad de que la Policía cuente con helicópteros, indicó que el proceso de compra estuvo avalado por informes de la Fuerza Aérea Paraguaya, el control de la Dirección de Contrataciones Públicas y en el hecho de que los oferentes que perdieron en la licitación, no presentaron protesta alguna.
“De todo lo expuesto queda claro que durante mi administración no hubo una variación patrimonial con relación al presente contrato. De hecho, la lesión de confianza implica que como consecuencia de la conducta dolosa de una persona a quien le fueron confiados bienes públicos, se produce una disminución o pérdida patrimonial”, señaló Filizzola.
Añadió, siempre marcando el límite con los que les sucedieron en el cargo: “En este caso, los actos que se me atribuyen no han generado ningún perjuicio a la administración ni variado su patrimonio”.
Siguió diciendo: “El llamado a licitación y la adjudicación de un contrato a una empresa que presentó la oferta más conveniente, no generaron ningún perjuicio al erario público”.
Agregó: “ Tampoco el pago del anticipo, ya que se realizó contra las pólizas de seguro correspondientes que garantizaban la posibilidad de recuperar el anticipo en el supuesto de incumplimiento del contrato”.
Están igualmente imputados la exdirectora de la Unidad Operativa de Contrataciones, Andrea Adle; exdirector general de Administración y Finanzas, Aníbal Muñoz; exdirector jurídico, Ricardo Lugo; exdirector financiero, Juan Diego Fernández; exdirector de Equipamiento de la Policía Nacional, Víctor Flor; exdirector administrativo, Crio. Gral. Insp. Tiburcio Martínez. Otros dos imputados en esta causa son Guillermo José Casado y Álvaro Lasso, representantes de Proibérica.
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