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De acuerdo con la denuncia penal del 12 de abril pasado, presentada por el Dr. Jorge Enrique Bogarín, en su carácter de profesor encargado de la cátedra Derecho Penal II, el Departamento de Archivo Central de la Universidad Católica devolvió un certificado de estudios al corroborar dicha irregularidad.
A raíz de esto, la fiscala Sosa obtuvo una autorización judicial para examinar, extraer, copiar en formato digital e impresión y reproducir la información contenida en el sistema informático de la Facultad de la Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, ante la sospecha de cambios de notas, modificación de actas y falsificación de firmas de docentes. La primera imputación fue presentada el 10 de junio pasado e incluyó al funcionario Víctor David Oviedo Arce, a quien se llegó luego de la declaración de la alumna Sofía Astaburuaga Fisher, quien reconoció que transó con ese funcionario por la suma aproximada de G. 1.200.000 para pasar dos materias, Derecho Romano I y Derecho Romano II.
Asimismo, se comprobó que remitía dinero a través de “Giros Tigo” a Oviedo, según informes de la telefonía, e intercambiaba mensajes de texto relacionados a la práctica ilegal.
También fue imputado el funcionario Eduardo Ariel Barrios Villalba, quien había alterado la nota de Derecho Marítimo de la alumna María Cándida Bogado Argüello (imputada), de acuerdo a los registros.
La segunda imputación fue presentada el 17 de junio pasado y abarca a trece estudiantes que habrían “comprado” las calificaciones.
La fiscala Sosa indica que el decano de la Facultad, José María Cabral (suspendido en sus funciones a raíz de este escándalo), presentó el 25 de abril pasado un informe de la investigación preliminar que se realizó sobre las actas de exámenes finales, las cuales presentaban irregularidades.
Tras este hecho, la investigadora solicitó a la Comisión Interventora de la referida casa de estudios una auditoría de las actas de exámenes finales a las que hacía referencia el informe y pudieron constatarse las irregularidades indicadas.
Es por esto que la agente penal decidió imputar también a los alumnos Joaquín Agüero Colmán, Claudia Romina Carrera Romero, Nadia Siemens Chamorro, Patricia Marlene Aguirre Faría, Nadia Soledad Ortiz, Rubén Enrique Escurra Páez, Rodrigo Adrián Segovia González, Christian Raúl Brítez López, Samantha Pauline Zaldívar León, Mirta Raquel Torres Pérez, Lourdes Nathalia Agüero Zelaya y Emhil Morel Achon.
Un informe de telefonía constató giros de dinero a Oviedo de Morel Achon (por G. 1.000.000), Aguirre (G. 1.600.000), Carrera Romero (G. 900.000), Brítez (G. 200.000 y G. 900.000), Agüero Colmán (G. 1.600.000). Según la agente, Oviedo tenía acceso a las actas de calificaciones, al igual que Barrios, quien poseía un usuario en red.
Juez señaló la audiencia
El juez José Agustín Delmás resultó sorteado en esta causa. El mismo ya aceptó la imputación penal y convocó a los funcionarios de la Universidad Católica Víctor Oviedo y Eduardo Barrios, al igual que a la alumna María Cándida Bogado, para el 26 de junio, a las 9:30, a la audiencia de medidas. Ese mismo día deberán presentarse los alumnos Joaquín Agüero, Claudia Carrera, Nadia Siemens y Patricia Aguirre. Al día siguiente, el 27 de junio, a las 9:30, comparecerán los restantes ocho imputados. La Fiscalía pide medidas para todos.