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Proibérica era una de las proveedoras preferidas del Ministerio del Interior, cuando al frente de dicha cartera de Estado se encontraban Rafael y Carlos Filizzola. Así lo demuestra un documento que detalla las facturas con dicha empresa.
En el 2009, la firma le facturó al Ministerio del Interior G. 14.963.144.846; en el 2010, G. 41.543.114.799, monto en el cual están incluidos los G. 20.713.241.237, que constituyeron la primera entrega por los cuatro helicópteros.
En el 2011, Proibérica facturó G. 34.626.902.668. En dicho monto también se incluyen los G. 20.382.567.558 que pagó Carlos Filizzola para cancelar la cuenta por los helicópteros. Además, figuran los G. 6.794.189.185 por la compra de repuestos para reparar las máquinas.
Según la imputación de la fiscalía, Carlos Filizzola no tuvo que haber pagado por los repuestos, ya que eso estaba incluido en la oferta de la empresa, según lo establecido en el contrato.
Es por ello que el Ministerio Público imputó al senador Filizzola, cuyo pedido de desafuero fue rechazado por el Senado.
En el 2012, la factura de la firma fue de G. 1.118.500.000.
En la imputación de la fiscalía, en el caso de los helicópteros se evidencia que Proibérica habría incumplido el contrato, lo cual debería ser motivo de demanda por incumplimiento por parte de las autoridades del Ministerio del Interior o la Procuraduría General de la República.
Antecedentes
El 13 de octubre de 2010, por resolución número 436 se aprobó la licitación pública para la adquisición de helicóptero táctico de transporte policial. Se aprobó el pliego de bases y condiciones y se conformó un comité de evaluación integrado por Andrea Adle, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Aníbal Muñoz, director general de administración y finanzas; abogado Ricardo Lugo, director jurídico; Juan Diego Fernández, director financiero; Víctor Flor, director de equipamiento de la Policía Nacional; comisario Tiburcio Martínez, director administrativo de la Policía.
El comité dictaminó que Proibérica SA cumplió con todos los requerimientos en el pliego.
Sin embargo, según la imputación de la fiscalía, la empresa no cumplió con requisitos formales como la presentación del certificado expedido por el fabricante de ser representante, importador, distribuidor oficial en Paraguay (de insumos, repuestos y partes).
Luego, se firmó un contrato de compra de helicópteros marca Bellnorthwest Rotoracraff de procedencia de los Estados Unidos por un valor total de G. 47.890.000.000.