Cargando...
En la audiencia de imposición de medidas, el abogado defensor Pablo Villalba ofreció su fianza personal y la fianza real de un inmueble de Ñemby, para que su defendido pueda ser beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
Delmás consideró que tanto el peligro de fuga como el de obstrucción a la investigación están latentes, motivo por el cual decretó la prisión. Asimismo, destacó que el inmueble no tiene tasación.
Con Martínez ya son tres los exdirectivos presos de los 26 imputados, pues Celso Alvarenga y Marcelo Noguera se encuentran igualmente en prisión.
“Él es funcionario público hace 25 años, está a disposición de Recursos Humanos del Ministerio Público, tiene casa propia que está constituida como bien de familia y desde el 26 de mayo él está a disposición de la Fiscalía” dijo Villalba, para quien dichas circunstancias descartan el peligro de fuga.
Sobre la obstrucción a la investigación, Villalba dijo que tampoco existe porque renunció y ni siquiera acude a la “aso” de funcionarios.
El letrado afirmó que la fiscala María Estefanía González se precipitó al decretar la prisión de su defendido, más de un mes después de que se haya puesto a disposición de la Fiscalía. El letrado dijo que su cliente se enteró de la orden de captura a través de la prensa y se presentó inmediatamente.
“La Fiscalía jamás le llamó a indagatoria ¿Para qué sacaron orden de detención en vez de llamarle a declarar? Yo tengo pruebas que aportamos ayer en la indagatoria de más de 4 horas, del porqué se llegó a ese estado administrativo y que se debió a la falta de pago de los socios de sus cuotas porque tenían embargos e insuficiencia de saldo. Para que tengas idea, en marzo del 2017, de un listado de G. 500 millones que se tenía que abonar, no se pudo descontar G. 217 millones. Si multiplicás eso por 10 o 12 cuotas, 10 meses ya son más de G. 2.000 millones. Y eso es solo Ministerio Público, no hablamos del Poder Judicial, Defensoría ni Justicia Electoral”, agregó.