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El sindicalista Pedro Benítez Aldana, uno de los denunciantes, explicó que la integración se dio luego de “3 años, 9 meses y 8 días” y que esperan que ahora finalmente se abra el camino para realizar la audiencia preliminar, pendiente desde el año 2009.
“Ahora, al quedar integrada la Corte con los magistrados Antonia López, Paredes y Báez Maiola, deberán primeramente estudiar las recusaciones que impidieron la integración de la Sala Penal de la Corte, que posterioridad hará lo propio para conformar la 4ª Sala Penal, que finalmente estudiará la recusación planteada contra el juez Óscar Delgado, quien una vez firme tendrá que fijar fecha de audiencia preliminar suspendida desde 2009”.
Las operaciones que dieron origen al proceso se registraron entre agosto de 2007 y abril de 2008 y, según el Ministerio Público, ocasionaron un perjuicio que orilla los G. 10.000 millones, suma desembolsada por el ente en concepto de créditos hipotecarios a terceros sin la garantía suficiente.
La fiscalía acusó a Luis Alberto Caballero Candia, actual presidente de la Caja; Federico Gómez, extitular; Juan Ramón Martínez Coronel, Merardo Bogado, Eladia Cabrera y René Alejandro Medina, miembros del Consejo de Administración.