Presunto narco requerido por Brasil continuará en prisión

Nelson Teófilo Martínez Mendoza, ciudadano paraguayo requerido por la justicia brasileña para someterlo a un proceso penal por narcotráfico, seguirá guardando prisión preventiva. Fue lo que resolvió la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala.

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De esta manera, los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Anselmo Aveiro ratificaron el Auto Interlocutorio N° 1011 del 5 de noviembre de 2014 dictado por el juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández, por el cual mantuvo la medida cautelar para Martínez Mendoza, que ya había sido decretada por Auto Interlocutorio del 19 de abril de 2013.

El abogado Julio César Godoy, en representación de Martínez Mendoza, argumentó que a partir del 4 de julio su cliente se encuentra privado de su libertad de forma ilegítima, en razón de que la República Federativa del Brasil, que requirió su extradición, no realizó los trámites pese a estar debidamente notificado, tal como lo reconocen a través de la embajada diplomática, luego de haber vencido el plazo de 30 días establecido en el Art. 22, inciso 4 de la Ley N° 2882/06.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones sostiene que esta situación ya fue debatida anteriormente.

El Tribunal de alzada sostuvo que “por los sendos recursos planteados aún no fue posible la comunicación al país requirente que el extraditable se encuentra apto para ser trasladado en razón a haber quedado firme la resolución que así lo dispusiera”.

En un primer momento, el juez de garantías Fernández rechazó el pedido de extradición de la justicia brasileña y argumentó que existe doble incriminación por parte del Estado requirente.

El magistrado Fernández dijo que Martínez Mendoza ya fue juzgado en una causa por narcotráfico.

Precisó que Martínez Fernández había sido objeto de un juzgamiento en el expediente del proceso “ Néstor Báez Alvarenga y otros s/ posesión y tráfico de estupefacientes”, a causa abierta en 1998.

Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había revocado la resolución de Fernández y ordenó la extradición de Báez Alvarenga.

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