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Según los propulsores, el protocolo tiene como objetivo establecer pautas, lineamientos y criterios comunes entre varias instituciones para intervenir coordinadamente en los casos de prevención, investigación y sanción de las formas más extremas de violencia contra la mujer.
Díaz Verón indicó que los fiscales de todas las unidades serán instruidos con el contenido del protocolo para unificar criterios, como exige la ley a los agentes del Ministerio Público.
El protocolo fue impulsado a través de una mesa técnica interinstitucional conformada por el Ministerio Público, el Centro de Atención a Víctimas, el Ministerio de Salud Pública, la Defensoría del Pueblo, Secretaría de Género de la Corte Suprema, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación, Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de la Mujer.