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El traductor público solicitó la suma de G. 458.000.000 por los servicios profesionales que realizó en el juicio oral y público desde el 4 de agosto al 10 de setiembre de 2010.
Sin embargo, la magistrada Battilana Bravard argumentó que operó la prescripción para solicitar la regulación de honorarios. Indicó que el Art. 657 del Código Procesal Civil dispone que “la prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley”.
Agregó: “En concordancia con el Art. 663 del mismo cuerpo legal, ordena que dicha prescripción opera para los abogados, escribanos públicos, médicos, peritos, y quienes ejercen profesiones liberales, en el plazo de 2 años para solicitar la regulación de sus honorarios”.
Battilana especificó que el 3 de agosto de 2010 la exjueza María Doddy Báez había nombrado traductor a Segovia Frutos y, habiendo terminado el juicio oral el 14 de setiembre de 2010, se cumplió el plazo en exceso y en consecuencia declaró la prescripción.