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Esta causa se inició a partir de una imputación de la fiscala Ariela Chaparro, a raíz de una denuncia radicada por María Angélica Silva de Zillich, el 12 de octubre del 2012. En la fecha indicada, la mujer fue despojada de documentos varios, luego de que desconocidos rompieran la ventana de su camioneta, estacionada en las cercanías de Carmelitas Center.
Un informe policial determinó que las huellas dactilares halladas en el vehículo pertenecen a Guapi.
La actual fiscala del caso, Marlene González, pidió procedimiento abreviado para Guapi, pese a que la expectativa de pena para el referido delito es de 10 años de prisión, lo cual impide el uso de dicha salida procesal (prevista para delitos de hasta 5 años de prisión).