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El proceso tiene relación con obras realizadas en distintas comisarías, adjudicadas en 2010 a la firma Todo Verde Emprendimientos, de Alejandro Apolonio Giménez, por un total de G. 1.131.812.500.
La acusación presentada por el fiscal Aldo Cantero refiere que la empresa de Alejandro Giménez firmó contrato con el Ministerio del Interior el 2 de diciembre de 2010.
El contrato establecía que las obras se iniciarían el 25 de enero de 2011 y debían concluir en 60 días en 23 comisarías y en 90 días, en la comisaría 19ª, barrio Jara. La empresa cobró el monto total el día fijado para el inicio de la obra, pero esta no concluyó.
La fiscalía advierte además que las obras empezaron fuera de plazo y que no se ejecutó la garantía.
El fiscal Aldo Cantero sostiene que Filizzola incurrió en lesión de confianza, al firmar el referido contrato.
El defensor del exministro, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, destacó que el control de las obras está a cargo de un fiscal de obras, que en este caso específico no informó de irregularidad alguna hasta junio de 2011, cuando Filizzola ya había sido informado de que sería destituido.
Cuestionamiento a la fiscalía
“La fiscalía insiste en juicio oral respecto a las personas que estaban a la cabeza del ministerio, pero se olvida de las personas que realmente tenían a su cargo el control y ejecución de esas obras y las beneficia con salidas alternativas”, cuestionó el defensor.
El profesional se refería específicamente a la postura de la fiscalía de pedir suspensión condicional del procedimiento para Andrea Adle, exdirectora de Contrataciones del Ministerio del Interior que ordenó el pago, y para el propietario de la firma Todo Verde, que resultó beneficiada con el millonario pago, Alejandro Giménez, que calificó de “llamativa”.
“El que sabía que estaba cobrando sin haber realizado el trabajo era él (Alejandro Giménez) y la que envió los certificados de pago, con la orden de pago, era Andrea Adle, o sea, a las dos personas vinculadas directamente con esos pagos la fiscalía les otorga salidas alternativas”, acotó Duarte.
Pedido de suspensión
La suspensión de la audiencia de hoy fue solicitada por el abogado Guillermo Duarte, defensor de Rafael Filizzola, quien comunicó la imposibilidad de asistir a la diligencia por coincidir con otra anteriormente fijada, en el caso Cajubi. Es la revisión de medidas para José Salvador Alonso, Édgar Insfrán y Ricardo Pereira Poletti, ante el tribunal presidido por Mesalina Fernández.