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“La audiencia preliminar fue suspendida debido a una apelación en contra de un pedido de la defensa de suspender la audiencia a fin de que se realice en dos etapas: para aquellas personas que solicitaron otro tipo de salidas alternativas al proceso y para aquellas que fueron acusadas. Dicha solicitud fue denegada, lo cual motivó un pedido de apelación general presentada por la defensa, que se elevará a la Cámara de Apelaciones para su estudio correspondiente”, relató el fiscal Aldo Cantero al explicar uno de los motivos por los cuales se postergó la audiencia.
El segundo motivo por el cual se trabó la diligencia fue la imposibilidad del abogado defensor de Filizzola, Guillermo Duarte Cacavelos, de participar en la diligencia, por coincidir con otra de revisión de medidas anteriormente fijada en el caso Cajubi, donde ejerce la defensa de tres personas.
La jueza Lici Sánchez debe esperar el fallo de la cámara para convocar nuevamente a las partes.
Antecedentes
Esta causa tiene relación con obras realizadas en distintas comisarías, adjudicadas en 2010 a la firma Todo Verde Emprendimientos, de Alejandro Apolonio Giménez, por un total de G. 1.131.812.500.
Según contrato firmado el 2 de diciembre de 2010, las obras se iniciarían el 25 de enero de 2011 y debían concluir en 60 días en 23 comisarías y en 90 días en la comisaría 19ª, barrio Jara. La empresa cobró el monto total el día fijado para el inicio de la obra, pero no la concluyó.
La fiscalía acusó a Filizzola y a Juan Diego Fernández, exdirector financiero del Ministerio del Interior.
Asimismo, el fiscal peticionó salidas alternativas para Andrea Adle, exdirectora de Contrataciones del Ministerio del Interior, y para el propietario de Todo Verde y destinatario del millonario pago, Alejandro Giménez.
Juicio pendiente
El exministro del Interior Rafael Filizzola también soporta en forma paralela un proceso por la compra de helicópteros para la Policía, en el cual deberá afrontar un juicio oral. Según la acusación, Filizzola incurrió en lesión de confianza porque abonó, el 12 de octubre de 2011, la suma de G. 20.382.567.558 a la Empresa Proibérica para la cancelación de pago por la adquisición de 4 helicópteros UH 1H, a pesar de que la firma no cumplió con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.