Por segunda vez aplazan preliminar para definir situación de exdiputada

Por segunda vez se suspendió ayer la audiencia preliminar en la que el juez Hugo Sosa debía resolver si la exdiputada Karina Rodríguez afrontará o no un juicio oral y público por cobro indebido de honorarios. La diligencia fue postergada a raíz de un recurso de reposición planteado por la defensa contra la convocatoria, con el argumento de que la acusada no fue notificada.

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En la fecha, el magistrado llevará a cabo una audiencia para resolver el recurso de reposición planteada por el abogado defensor Álvaro Arias.

En una primera ocasión, el 24 de agosto pasado, la audiencia fue aplazada porque el juez Tadeo Fernández –quien interinaba al titular del juzgado de garantías 1, a cargo de Hugo Sosa– tenía causal de inhibición con el defensor de Rodríguez, el abogado Álvaro Arias.

Rodríguez está acusada por cobro indebido de honorarios, por haber avalado con la firma de planillas la asistencia del ciudadano español Lino Xavier Valencia a la Cámara de Diputados, donde prestaba servicio como su asesor.

Sin embargo, la Fiscalía constató que en algunas fechas en que supuestamente se encontraba prestando servicios de asesoría, Valencia ni siquiera se encontraba en el país, según se corroboró con informes de Migraciones.

El extranjero, quien fue consultor y asesor político durante la campaña electoral del expresidente Fernando Lugo, en setiembre del 2012 fue designado como funcionario permanente de la Justicia Electoral.

Posteriormente, 24 de octubre del 2013 fue comisionado a la Cámara de Diputados, donde la entonces diputada Rodríguez justificaba sus ausencias para el cobro indebido.

En su defensa, Rodríguez alegó que el español al ser asesor estaba eximido de cumplir asistencia y que “rendía” sobre trabajos (proyectos) presentados.

A raíz del escándalo derivado de la difusión del caso y la apertura del proceso penal, Valencia presentó renuncia al cargo, el 1 de diciembre del 2015.

La fiscalas corroboraron que el imputado –actualmente prófugo de la Justicia– no se presentó a cumplir labores durante 60 días, por lo que la presunta estafa ascendería a G. 26 millones.

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