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El caso que afecta a las juezas Norma Girala y Mirta Aguayo, como miembros del tribunal de sentencia, y a la fiscala Mónica Larrosa, tiene que ver con la impunidad que otorgaron, por actuar supuestamente con negligencia o dolosamente, para beneficiar al policía de Puerto Indio, Alto Paraná, Diosnel López, acusado por el homicidio de José Solís Peña, y por el tráfico de más de 3.000 kilos de marihuana.
También fue beneficiado con el fallo de las juezas, Prisco Villar González, quien estuvo acusado por el hecho de narcotráfico ocurrido el 4 de octubre de 2015.
En esta misma causa, la fiscala Mónica Raquel Fernández, quien intervino brevemente, fue enjuiciada y suspendida. Fernández tiene otro enjuiciamiento por negarse a solicitar extractos de datos de llamadas telefónicas en el caso del homicidio de Rodrigo Quintana, en el local del PLRA.
En otra causa, las juezas del tribunal de sentencia de Ciudad del Este Haydée Barboza y Mónica Rivas blanquearon a dos peruanos acusados de introducir al país cocaína.
El fallo del JEM reveló que las magistradas falsearon datos para absolver a Juan Manuel Huaman Villanueva y Júnior Abel García, quienes el 2 de setiembre de 2015 fueron detenidos en Ciudad del Este con 3 kilos de cocaína.
Los extranjeros huyeron del país.
Otros casos
El fiscal adjunto de la Unidad Antidrogas Justiniano Cardozo fue enjuiciado y suspendido en sus funciones, en la causa “Juan Irala y Nery Pinazo s/ posesión y tráfico de marihuana en Amambay”.
Asimismo fue enjuiciado y suspendido el fiscal en lo penal de Ybycuí Óscar Javier Talavera en la causa “Derliz José Ramírez y Erick Zambraa s/ homicidio doloso”.
El Jurado también dispuso enjuiciamiento con suspensión de la fiscala Susana González Ríos.