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Duarte, quien se desempeñaba como exjefe de acopio de la referida cooperativa, fue acusado por la fiscala Silvana Otazú de haber ocasionado un perjuicio de G. 1.897.164.545 a la Congregación de las Hermanas Vicentinas.
Duarte ganó la confianza de las religiosas, debido a que se desempeñaba como catequista en la escuela La Providencia de Arroyos y Esteros, circunstancia aprovechada por él para ofrecer la apertura de cuentas de ahorro en la cooperativa.
Según los registros de las religiosas, ellas tenían 9 cuentas a nombre de la asociación y de dos encargadas, así como otras 23 cuentas a nombre de parientes y funcionarios, todas a cargo de Duarte desde 2005.
El fraude quedó al descubierto cuando ante la necesidad de disponer de G. 50 millones, Duarte se mostró esquivo, motivo por el cual una de las hermanas decidió realizar el retiro, ocasión en que se enteró de que la congregación ni siquiera tenía cuenta en la cooperativa.
En la audiencia preliminar Duarte pretendió ser beneficiado con el sobreseimiento definitivo, tras alegar que la pericia contable que determinó el perjuicio era errónea.
“Lejos está este magistrado de poder analizar la exactitud o verosimilitud de los datos contables que arroja el resultado de dicha pericia, lo cual, sabrán las partes, es materia de valoración de prueba que se hará en la etapa de juicio oral y público, de donde tanto la pericia como los documentos que avalan ella serán contrastados para concluir en la persona de los miembros del Tribunal de Sentencia, de que esta pericia es errónea o no como hoy quiere hacer notar la defensa en el planteamiento del sobreseimiento definitivo”, dijo el juez.