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La empresa Televox SRL fue adjudicada por la Senad para proveer un equipo de “pinchazos”, supuestamente para intervenir conversaciones de líderes de organizaciones dedicadas al narcotráfico en nuestro país. La citada firma figura a nombre de Nicasio Bóbeda y María Esperanza Mongelós de Bóbeda, según documentación presentada ante la Contraloría General de la República.
De los G. 9.406.120.000 que Televox SRL facturó a la Senad, un total de G. 110.906.250 fueron utilizados para cubrir los gastos “del entrenamiento” para los agentes que tendrán a su cargo manejar el equipo.
Supuestamente, otros G. 48.862.998 fueron invertidos en el “kit de instalación en vehículo”, es decir, casi G. 50 millones destinados solo a colocar el artefacto dentro de una camioneta para su utilización de tipo móvil.
Un agente policial especializado en sistemas de radiocomunicación y equipos móviles de transmisión explicó que la instalación de un dispositivo de intercepción en un vehículo implica el mismo trabajo que representaría colocar un sistema de radio base. “Pagar casi G. 50 millones por la instalación es una burla, más si se trata de un equipo móvil, que tiene los mismos soportes y el mismo protocolo. El trabajo es el mismo”, explicó.
Independientemente a los gastos mencionados, el órgano antidrogas destinó otros G. 198.152.500 para el “servicio de montaje y configuración” del dispositivo. Todos estos ítems figuran en la factura 0000379 que la citada firma expidió a la Senad el 15 de noviembre de 2012.
La empresa se inscribió en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) el 19 de julio de 2012, tres semanas después de que el exfiscal Francisco De Vargas fuera designado ministro de la Senad y Luis Alberto Rojas como director general Antidrogas.
Las sospechas de un negociado en la compra del equipo de escucha se sustentan en que Televox SRL proveyó un equipo de más de dos millones de dólares pese a que su capital operativo declarado es de G. 60 millones, una suma considerada ínfima con respecto a la inversión mencionada. La empresa funciona en una vivienda particular ubicada en Carmelo Peralta 2606 e/ Ingavi y Del Carmen de Asunción. Todos los elementos apuntan a que la adquisición tuvo las características de un supuesto negociado.