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En una incidentada lectura de sentencia, los brasileños José Antonio y Alex dos Santos Andrade (del Primer Comando Capital) y los bolivianos Marcos Antonio y Luis Felipe Roca Ali tuvieron que ser echados de la sala de juicio oral por amenazar de muerte a las juezas Gloria Hermosa, Rosarito Montanía y Alba González (integrantes del tribunal) y la suplente Blanca Gorostiaga.
Los procesados dijeron que “hasta ahora sus manos no tienen sangre” en un claro mensaje por las altas condenas aplicadas (ver infografía de página). Además, hicieron gestos pasando la mano por el cuello de lado a lado (alusión a degollar) y la amenaza alcanzó a los fiscales antidrogas Elva Cáceres y Carlos Alcaraz.
Tras la incidentada conclusión del juicio oral y público, las juezas informaron lo acontecido a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, y pidieron la asignación de guardias de forma permanente, debido a que no cuentan con resguardo más que en los pasillos del Palacio de Justicia.
Incautación histórica
El Tribunal de Sentencia tuvo como probada la acusación del Ministerio Público y demostrada la participación de los 20 aprehendidos, entre paraguayos, bolivianos, brasileños y un ciudadano peruano, en el operativo Águila Negra, llevado a cabo el 10 de noviembre del año 2012 en el asentamiento indígena Guyrakeha de la colonia Guavirá, distrito de La Paloma, departamento de Canindeyú.
En un operativo sin precedentes se incautó un cargamento de 1.886 kilos de cocaína.
Policía, piloto y el cabecilla
El suboficial 1º Domingo Maldonado Brítez, quien prestaba servicio en la Jefatura Policial del departamento de Canindeyú, recibió nada menos que 30 años de pena privativa de libertad, ya que en su carácter de uniformado integraba la banda y hacía de “custodio” de la carga. Además, el piloto boliviano Marcos Antonio Roca Ali obtuvo la condena más alta, ya que además de 29 años de cárcel y 6 meses, se le impuso 5 años de medidas de seguridad (en total, 34 años y 6 meses).
Asimismo, al brasileño Ezequiel de Souza (financista y cabecilla) le fueron aplicados 29 años y 6 meses de prisión. Durante su declaración ante el tribunal, el hombre se ratificó en la veracidad de un audio en el que dijo a dos senadores que el asesinado Jorge Rafaat Tounami, pagaba a jueces, fiscales, agentes de la Senad y políticos, para operar en la frontera con impunidad.