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Se trata del suboficial mayor Narciso Cañete Cáceres, de 50 años, quien el 1 de julio de 2012 acribilló con una pistola el vehículo del joven Anderson Alberto Medina Giménez, en aquel entonces de 20 años, quien quedó gravemente herido en la columna e inmovilizado por mucho tiempo, aunque afortunadamente ahora se recupera de a poco.
El ataque se produjo cerca de la rotonda del kilómetro 10 de Ciudad del Este, donde Cañete y sus camaradas montaron una barrera ilegal.
La fiscala de la Unidad Penal N° 2 especializada en hechos punibles contra los Derechos Humanos, Liliana Zayas, quien llevó adelante la investigación, anunció ayer que para hoy tiene prevista una entrevista con el titular de la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Mario Elizeche, para tratar de definir el tema de la ejecución de la condena a la cual fue penado el policía Cañete, pero que nunca fue cumplida.
Narciso Cañete Cáceres, en un primer juicio, había sido sentenciado a cinco años de encierro por el ataque al joven, al ser hallado culpable de lesión corporal grave en el ejercicio de las funciones públicas.
Sin embargo, fue la propia fiscala la que apeló aquel fallo, al considerarlo insuficiente, ya que ella había exigido una condena de por lo menos 13 años de penitenciaría para el uniformado.
Luego de la conformación de un nuevo tribunal, se hizo el segundo juicio, que concluyó en octubre del año pasado y en el cual ya ni siquiera se analizaron las pruebas, que de hecho eran contundentes, sino que simplemente se debatió sobre la cantidad de años que merecía el suboficial.
Al final, el policía “gatillo fácil” fue condenado a siete años y seis meses de cárcel, pero hasta ahora sigue libre.
La representante del Ministerio Público explicó al respecto que la defensa apeló la nueva condena y recurrió a una segunda instancia, pero el Tribunal de Apelaciones se inhibió, porque los magistrados alegaron que ya habían opinado sobre el caso en el primer juicio.
Posteriormente, se conformó un nuevo Tribunal de Apelaciones, con jueces del fuero de la Niñez y Adolescencia de Ciudad del Este, pero estos últimos a su vez impugnaron la inhibición del anterior tribunal, lo que derivó en un sospechoso “congelamiento” de la causa, en poder de la Corte Suprema de Justicia.
Zayas también refirió que ni siquiera pudo presentar un urgimiento para que se decida el caso, porque no hay jueces disponibles a quienes presentar el pedido, porque todos se inhibieron, lo que obviamente favorece al efectivo policial condenado.
Responsabiliza al comandante
A cuatro años y medio de aquella tarde y después de gastar más de G. 1.000 millones en la recuperación de Anderson, la familia del joven trata de sobreponerse de y lo único que busca es que la justicia al fin llegue.
Alberto Medina, padre de Anderson, incluso también reveló que hasta ahora siguen recibiendo amenazas y responsabilizó de la seguridad de toda su familia al propio comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, según declaró en el programa Momento Justo de radio ABC Cardinal. Narciso Cañete está actualmente a cargo del Departamento Personal de la Policía.