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En este sentido, Cabrera explica que, si bien se constata la existencia de cheques por distintos montos depositados por funcionarios de la empresa Cordon Blue en dos cuentas bancarias atribuidas al funcionario, necesita contar con la declaración de los depositantes para que expliquen en qué concepto realizaron, así como informes de los bancos sobre dichas cuentas.
La agente fiscal también destaca la necesidad de contar con informes de empresas telefónicas para individualizar a los responsables de las amenazas que recibía el empresario denunciante y sus familiares, además de informes de Contraloría sobre su declaración jurada, de Registros Públicos, Senacsa, Registro del Automotor y otros, sobre bienes del funcionario.
Resulta llamativo que dichas diligencias no se hayan realizado aún, puesto que el Ministerio Público contó con seis meses para hacerlo. La audiencia preliminar está fijada para el próximo 11 de noviembre.