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La agente del Ministerio Público indicó que también requirió a la Municipalidad informes sobre aprobación de los planos, habilitación del local, control de seguridad, entre otros. Es a fin de deslindar responsabilidades por el peligro que representó para quienes estaban dentro del local e incluso para quienes se encontraban realizando trámites dentro del local colindante que es del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, cuyo techo cayó justo donde está el sector de espera.
Riveros señaló que ayer terminaron las pericias en el lugar del siniestro, a cargo de especialistas del Laboratorio Forense, como los arquitectos Margarita Ramírez y Eduardo Causarano, la ingeniera civil Rosa María Franco y el técnico Marcos Servián. Indicó que estos profesionales esperan también los planos estructurales, a fin de emitir su dictamen.
La agente fiscal señaló que hoy estará solicitando un informe sobre la explosión del trasformador a la jefatura regional de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), sobre cuál sería la causa. A la vez pretende saber si la onda expansiva de la explosión tuvo algo que ver con el derrumbe.
Igualmente, las personas afectadas serán llamadas a prestar declaración testifical. Según algunas víctimas, se registró una explosión hacia la entrada del local, seguida de una fuerte vibración, lo que habría producido el derrumbe de una de las paredes del edificio y parte del techo, mientras tanto autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se apresuraron en negar que el desplome del techo fuera a causa de la explosión del transformador.
Solicitan inclusión de Ferrer en pesquisa
El candidato a intendente por la concertación “Juntos Podemos”, Iván Allende Criscioni, solicitó ayer al Ministerio Público que investigue la gestión del exintendente colorado Albino Ferrer, quien busca el “rekutu”, para saber si su administración llevó o no a cabo la fiscalización correspondiente a las instalaciones del supermercado “España”, que se desplomó el miércoles último.
Allende estuvo acompañado de Silvia Mendieta, concejala departamental Central, quienes desean se establezca una responsabilidad penal, teniendo en cuenta hechos lamentables como el ocurrido en el supermercado Ycuá Bolaños, por presunta desidia de las autoridades municipales de Asunción.
Afirmaron que existen leyes vigentes que obligan al Ejecutivo Municipal a hacer cumplir leyes y ordenanzas, que protegen la vida y la integridad física de las personas que concurren a locales comerciales.
En un escrito, pide se haga una pesquisa “respecto a sus deberes (de Ferrer como intendente reciente) establecidos constitucional y legalmente en la ley 3.966/10, sobre sus funciones de fiscalización del construcciones públicas y privadas y de fiscalización de normas contra incendios y derrumbes (Art. 12, num. 1, inciso e y g de la citada ley)”.
Añade que el jefe comunal tenía la potestad de conceder licencias o habilitación de locales o patentes comerciales para estos lugares de acceso público.
Asimismo, se deberá observar la gestión por la que se realiza la ejecución de la “Tasa de Servicio de Prevención y Protección contra Riesgo de Incendios, Derrumbes y otros Accidentes Graves”. (Art. 160º LOM).