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El 2 de mayo último, el presidente de la República Mario Abdo Benítez promulgó la Ley 6299/19, que establece que sean públicas las sesiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), del Consejo de la Magistratura (CM), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo.
A los efectos de organizar la transmisión, es decir, los días, el horario y las causas a ser resueltas por sesión, se realizó ayer una sesión extraordinaria con el fin de elaborar una acordada para reglamentar la medida.
En la ocasión, el presidente de la Corte Suprema, Eugenio Jiménez, solicitó extender la publicidad de las sesiones a las demás salas –penal y civil y comercial– y se planteó hacerlo a través de una acordada.
“Entiendo que esta ley se ha limitado a la transmisión de la adopción de resoluciones de la sala constitucional y creo que si el espíritu de la ley es hacer conocer a la ciudadanía sobre todo, el sentido de las decisiones y los fundamentos respectivos en los casos que llaman la atención a la ciudadanía, yo entiendo que también debería correr la misma suerte la sala penal y la sala civil”, explicó.
En una sesión realizada el 5 de febrero pasado el ministro Manuel Ramírez Candia había solicitado sesiones públicas para las tres salas de la Corte y no solamente la plenaria.
Ayer, la ministra Gladys Bareiro afirmó que la ley está mal redactada y resaltó la dificultad existente para poner en práctica la ley, debido al excesivo volumen de trabajo. A su criterio, debió ser prevista únicamente para las sentencias.
A su vez, el ministro Antonio Fretes pretendió especificar que solo los casos emblemáticos y de interés ciudadano sean los resueltos en audiencia pública.
A esa postura se opuso el ministro Alberto Martínez Simón, al precisar que el texto de la ley es claro al establecer audiencias públicas para todos los casos, por lo que la Corte no puede limitar lo que la ley no prohíbe.
“Limitar creo que no se compadece con el texto de la ley”, expresó, y pidió tiempo para elaborar una propuesta de acordada.
Asimismo, Martínez Simón destacó la necesidad de compatibilizar la publicidad con las reservas en los casos establecidos por ley, como la protección legal prevista para los menores de edad.
Dificultades técnicas que interrumpieron la transmisión de la esta sesión motivaron finalmente la postergación de la misma. Por esta razón, la transmisión en vivo de la primera sesión pública de la sala constitucional, prevista para ayer, quedó pospuesta.