Cargando...
Porfiria Melgarejo de Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), manifestó que ratifican el pedido a la Corte, realizado el lunes pasado, para que se declare desierta la licitación pública N° 78/2014, relacionada a la “Contratación de servicio médico y sanatorial integral para los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia”.
Melgarejo pidió que la Corte contrate directamente a tres empresas para dar cobertura médica para los 13.000 funcionarios presupuestados durante dos años.
La semana pasada se realizó la apertura de sobres de oferentes, pero la única firma que concurrió fue Promed, que ofertó G. 950.000 por cada funcionario. Esta suma excede a los G. 680.000 previstos para cada empleado judicial.
Por su parte, la Abog. María Inés Acosta, presidenta de la Asociación Paraguaya de Actuarios Judiciales (APAJ), explicó que si se acepta la oferta de Promed, los funcionarios judiciales solamente tendrán cobertura médica por 6 meses y no los 24 meses previstos, ya que se tiene un monto global de un poco más de G. 300.000 millones para destinar al pago de seguro médico.
Otro punto objetado por los gremialistas es que Promed no tiene la capacidad de dar asistencia a los funcionarios judiciales y a sus familiares, que fácilmente pueden llegar a más de 30.000 personas.
Asimismo, la asistencia médica tiene que dar cobertura en todo el país y que además hay localidades distantes como Katueté, por citar una, donde no podrá llegar el servicio sanitario, indicaron.
En la audiencia pública participaron las firmas Asismed y Santa Clara, que tenían la aprobación de los funcionarios judiciales, pero no se presentaron para la licitación de la semana pasada.
El promedio que solicitaron en la audiencia pública para dar cobertura médica fue de unos G. 700.000, según indicaron los gremialistas.
El Comité Evaluador de Ofertas de la Corte tiene 20 días hábiles para expedirse sobre la licitación.